Adiferencia de lo ocurrido en 1993 en Ruanda, o durante la desintegración de Yugoslavia, el frente político que va a amparar, cuando no impulsar el genocidio en ciernes, serán dos fuerzas patrocinadas por las potencias democráticas occidentales. La primera será la «Liga Nacional para la Democracia», encabezada por la durante tanto tiempo alabada y admirada premio nobel de la paz Aung San Suu Cyi, quien durante dos décadas protagonizó la condición de gran heroína contra la «dictadura militar socialista» (aunque ya no fuera socialista) de Birmania. A esta adalid de la libertad y los anhelos democráticos del pueblo birmano (heroína nacional cuyos hijos tienen pasaporte británico, no se olvide) se le sumó en 2007 otro héroe por la democracia, un «santo varón» (es monje) el abad U Gambira, impulsor de la Alianza de Monjes de Toda Birmania. El poder militar pudo conservar el poder, pero había sufrido un golpe severo, pues habiendo enarbolado al principio la bandera de la condición nacional-budista del estado, para pasar luego a la defensa a ultranza de la identidad nacional-budista de la nación, de repente se encontró que los monjes budistas se habían rebelado contra su dominio, aliándose a la «oposición democrática».
Aung San estaba pasando de gran heroína a gran campeona de la democracia pues iniciaba la transición. Pero ¿La «transición a la Democracia» iba a resolver la exclusión de los rohinyas?
La vuelta tuerca nacional-religiosa definitiva
Tanto el denostado poder militar como la celebrada campeona de la democracia Aung San y su flamante Liga Nacional para la Democracia y sus aliados la Alianza de Monjes de Toda Birmania iban a demostrar que podían ir más allá. Apoyados en el «estudio antiyijadista» del citado académico y politólogo de la Universidad de Hamburgo Bassam Tibi y una ola de bulos donde se acusaba a los esposos rohinyas (recordemos que ya no podían casarse, pero «no permitas que la verdad estropee la noticia») de obligar a sus mujeres budistas a convertirse al islam por así les mandaba la «šariah», bajo la bandera de «defender la religión y la raza», de la «agresión musulmana», se procedió a preparar el salto definitivo.
En 2012 se desató una oleada de asesinatos a plena luz del día, precedidos de una supuesta violación y asesinato a una joven budista por parte de unos varones de origen rohinya, en el estado autónomo de Aracán (o Rajine). Dos de estos acusados fueron condenados a cadena perpetua y un tercero que se quitó la vida. Pero la propaganda nacional-budista tanto federal birmana como regional rajine, convirtió este hecho en categoría, y rápidamente un grupo nacional-budista asaltó un autocar donde viajaban diez dirigentes rohinyas y los apalearon hasta matarlos: el gobierno del teniente general Tzein Sein no detuvo a nadie… pero lo más significativo es que la oposición, protagonizada por la Liga Nacional para la Democracia y la Alianza de Monjes de Toda Birmania tampoco condenaron esta matanza ni exigieron al gobierno la detención de los culpables.
Y es que para buscar el acercamiento de posturas entre las fuerzas de la Unión y los nacionalistas rajines, se aceptó que éstos «defendieran la religión y las mujeres» de «la agresión musulmana» en «su propio estado sin obstáculos centralistas». Si intervenían las fuerzas federales era para colaborar con los nacionalistas.
De nuevo se presentaba la gran excusa de los «centinelas contra el islam» fue «la defensa de los derechos de las mujeres». De nuevo no supuso freno alguno que muchas víctimas directas de la reacción popular (y clerical) para «defender a las mujeres de los violadores y opresores islámicos» fuesen mujeres. De nuevo no importó en absoluto masacrar a los hijos de esas madres, ni a los hermanos ni padres de esas mujeres. De nuevo la impostura, otra vez el reclamo típico de la defensa de los derechos, para que los reclamantes se los apropien para sí y se los nieguen a los demás. Birmania celebró así su tan esperada transición a la democracia con Aung San llegando al poder.
Recordemos también que «la transición birmana a la democracia» fue patrocinada por Gran Bretaña y EeUu. Mientras se desencadenaba la ola de crímenes en Aracán en 2012 (en julio de este año Aung San entró en el parlamento) animados desde Mandalay por el ya citado abad del monasterio de Masoeyein, Wiratzu Ašin, la dama se retrató ante reporteros internacionales afirmando que «no sabía si los rohinyas podían considerarse ciudadanos birmanos». En otro momento condenó la violencia de «ambos lados», equiparando las matanzas de personas por su etnia con las acciones de represalia de grupos de rohinyas contra los grupos del Estado autónomo que les atacaban. Eso sí, continuamente realizaba declaraciones de respetar los derechos humanos.
La posición de la Liga Nacional por la Democracia no varió cuando en noviembre de 2015 arrolló tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de las Nacionalidades. Aunque anunció una comisión para investigar «los disturbios» en el Estado de Rajine, nada hizo sino aprobar la participación de fuerzas federales en los ataques de los nacionalistas rajines. Señalemos que, en marzo de 2016, Aung San asumió los ministerios de Exteriores, de Energía, de Educación y, sobre todo, la Oficina de la Presidencia. La Constitución birmana prohíbe ocupar el puesto a quienes tengan hijos con pasaporte extranjero (los hijos de Aung San tienen nacionalidad británica) pero ella era quien gobernaba: el Parlamento eligió como presidente de Birmania a uno de los suyos, a Cyau Htin.
Ese amparo de la violencia nacionalista en Aracán parece animó a la violencia étnica en los estados autónomos de la Alta Birmania, el de Cachín al norte y del Estado Sihán al noreste. Su incapacidad para frenar tal ola de ataques (o su amparo a la misma) provocó una estampida de miles de refugiados a la China comunista.
En 2017, siendo Aung San la indiscutible gobernante de la Unión, las fuerzas del «Tatmadau» emprendieron la campaña final para completar el genocidio que los genocidios de los nacionalistas del Estado de Rajine empezaron en 2012.
De la exclusión militar a la aniquilación «democrática»
La crónica demuestra que los nacional-demócratas de la premio nobel de la paz, en «santa alianza» con los nacional-budistas y los nacionalistas periféricos del Aracán, conformando un frente de «demócratas identitarios», no es que mantuvieran el mismo marco institucional de anulación de los rohinyas establecida por el «Cerlo» militar de 1990, sino que los nacional-demócratas de Aung San Suu Cyi ampararon el mayor salto cualitativo: de la marginación integral e institucional promovida por los militares (quienes les arrancaron la condición de ciudadanos birmanos) pasaron a las matanzas abiertas, «sin complejos», sin condena o conato de condena alguna por los gobiernos, sean militares o civiles, dictatoriales o democráticos, «centralistas» o «autonomistas».
Si con la dictadura militar, los rohinyas no es que fueran marginados o convertidos en ciudadanos de segunda (como había pasado con los cachines o carenes no budistas) sino les fue anulada su misma ciudadanía, con la «llegada de la democracia» los rohinyas pasaron a ser aniquilados a lo largo y ancho de la región del Aracán. Hemos asistido no sólo a una «política filo-genocida» -como la de encarcelar rohinyas por tener hijos sin contraer matrimonio- sino a un genocidio abierto cometido ante la condescendencia de los patrocinadores de la «Birmania Democrática», de una llamada «comunidad internacional» que tanto presionó, en nombre de la libertad, de la democracia y los derechos humanos, a los Consejos de Estado militares birmanos para que no reprimieran las protestas de la oposición, celebraran elecciones sin fraude y reconocieran el triunfo de la Liga Nacional para la Democracia.
